La profesión periodística está atenazada en estos momentos por una precariedad laboral y profesional que es preciso erradicar. Es necesaria una legislación que ampare todos los derechos profesionales de los y las periodistas, sobre la base de proteger el derecho ciudadano fundamental a la información. A esta regulación legislativa la hemos llamado Estatuto del Periodista Profesional y se acompaña de una propuesta de Ley de Derechos Laborales, ambas aceptadas por las organizaciones de periodistas de toda España y refrendadas en la II Convención de Periodistas, organizada por el Foro de Organizaciones de Periodistas en mayo de 2000 en Valladolid.
REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
Ante la situación actual se hace imprescindible la regulación de la profesión periodística tanto en sus aspectos contractuales y de derechos de autor, como en los de carácter más puramente profesional. En los aspectos más estrictamente laborales, reivindicamos en primer lugar la contratación de aquellos y aquellas profesionales que hoy, en fraude de ley, ejercen la profesión con modalidades diversas de cobro pero sin estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y que cumplen los criterios estrictos de toda y todo trabajador de plantilla. Nos referimos a las redacciones paralelas o camufladas. En segundo lugar exigimos la regulación de todo colaborador o colaboradora que ejerza la profesión por encargo explícito de las empresas y que perciba sus contraprestaciones con cobro a la pieza. Requerimos para ellos y ellas el alta al régimen general de la Seguridad Social. La Junta de Andalucía debe adoptar compromisos serios a la hora de promover la cultura del diálogo y la concertación social en la estructura de las empresas de comunicación, basándose en sus competencias laborales. Un colectivo profesional “cautivo” laboralmente es más propicio a ceder a las presiones de los grandes poderes económicos y políticos. Resulta clamoroso que la profesión periodística no tenga un convenio del sector. La creación de un Colegio Profesional -como ya tienen Cataluña y Galicia-contribuiría a dignificar la profesión y a mejorar sus condiciones laborales.
REFORMA DEMOCRÁTICA DE LOS MEDIOS
El SPA defiende en Andalucía la función social de los medios de comunicación, y de manera especial de los medios públicos, que han de estar al servicio de la ciudadanía y han de ser además instrumentos que contribuyan a la promoción de los valores democráticos. Sólo un pacto de Estado entre fuerzas políticas y sociales permitirá democratizar los medios en Andalucía y en el resto del Estado. Los distintos medios públicos españoles están mediatizados por el poder político, lo que les impide cumplir con sus funciones de servicio público. Es urgente definir legalmente las funciones de servicio público que deben cumplir los medios de comunicación públicos y conseguir una financiación estable mediante contratos-programa plurianuales, que permitan cumplir las líneas de su programación como servicio público plural e independiente del poder político.
CONSEJO AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE
Proponemos la creación de un Consejo Audiovisual Independiente que tenga competencias de vigilancia sobre el sistema audiovisual general, incluyendo las televisiones privadas, que vele por los contenidos, preserve los valores que sustentan nuestro sistema democrático y tenga capacidad sancionadora. Para evitar que en la práctica los medios públicos sean medios de partido, proponemos que sus directores generales sean nombrados por el Parlamento, mediante consenso o mayoría cualificada y por un periodo superior al que duran las legislaturas y consideramos necesario llevar la democracia a las redacciones, mediante la creación de Consejos de Redacción en la RTV de Andalucía, así como en las radios y televisiones locales. Unos estatutos que permitan a los profesionales trabajar con independencia, y salvaguarden la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La existencia de estatutos de redacción en los medios privados –casi inexistentes hoy- es fundamental para la salud democrática de nuestro sistema político y social. Ese modelo democrático hay que hacerlo extensible a las radios y televisiones locales públicas por lo que el SPA pide a la Junta de Andalucía que disponga todos los esfuerzos a su alcance para llevar a cabo las labores de inspección y control de las emisoras locales, utilizando todo el peso de la Ley y haciendo cumplir las resoluciones que puedan derivarse de los resultados obtenidos en ellas. Todo esto, sin duda, contribuirá de forma determinante a la consecución de un espacio radioeléctrico cuyos contenidos sean mucho más democráticos, justos y acordes con las necesidades y anhelos del pueblo andaluz.
ACCESO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Se hace necesario establecer criterios sobre el acceso al empleo público en los puestos de trabajo de periodista, tanto en RTVA como en radios y televisiones locales y gabinetes de comunicación. Los profesionales de la información de Andalucía deben tener posibilidades de acceder a esos puestos con criterios de igualdad, capacidad y mérito. No es aceptable que la RTV andaluza lleve más de 14 años sin convocar oposiciones libres, y que tampoco exista bolsa de trabajo para periodistas, lo que propicia irregularidades en no pocas contrataciones. Manifestamos la urgencia de crear por parte de la administración pública andaluza, tanto autonómica como local, plazas para periodistas al amparo de la Ley de la Función Pública y con acceso mediante oposición libre, con independencia de aquellos profesionales del periodismo que puedan ser contratados con carácter eventual como cargos de confianza según estipula la Ley.
REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Debe velarse por el uso correcto de las prácticas estudiantiles en las empresas, combatiendo la tendencia a convertir a las y los alumnos en mano de obra gratuita o muy barata, ocupando puestos estructurales en las empresas o eliminando el trabajo temporal que tradicionalmente sustituía a periodistas de plantilla en determinadas épocas o supuestos. Las prácticas encubren en muchos casos un sistema de explotación totalmente reprochable y no cabe cerrar los ojos ante este abuso conocido por todos. Respecto a las prácticas de Periodismo en las empresas públicas, la Junta de Andalucía deberá primar los convenios con Universidades y centros de enseñanza públicos de Andalucía.
GLOBALIZACIÓN
La concentración de medios y creación de grandes corporaciones multimedia plantea nuevos y graves problemas que necesita nuevas reflexiones y respuestas tanto por parte de los sindicatos como de las empresas, administraciones y universidades. La tendencia a convertir al periodista en un "proveedor de contenidos" para uso de todos los soportes a la vez desvirtúa medios y géneros y desvincula al periodista del producto final resultante. Ese uso polivalente y globalizador del periodista se contradicen con el empeño de los grandes grupos en crear sociedades distintas para cada nuevo producto, con lo que la relación contractual de los y las informadoras no se ajusta a derecho cuando se producen trasvases de contenidos en los distintos soportes informativos de unas cabeceras a otras de naturaleza mercantil distinta. Desde el SPA rechazamos la globalización traducida en imperialismo informativo y reivindicamos el carácter social de los medios y la condición de bien social -de ningún modo mercancía o mero espectáculo-de la información, así como la participación en ellos de la sociedad civil.
