Satisfacción por la sentencia del TSJA en el caso Korpa

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el Recurso de Suplicación presentado por la Agencia KORPA contra la sentencia que reconocía la relación laboral de Ana Belén García, una de las reporteras de dicha agencia del corazón, y declaraba su muerte en accidente de tráfico como accidente de trabajo “en misión”. El fallo del TSJA confirma en todos sus términos la sentencia dictada en su día por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla y ratifica la indemnización a la familia de la redactora.

Ana Belén García, reportera de la agencia Korpa, propiedad de las también periodistas Paloma García Pelayo y Ángela Portero, falleció en un accidente de trabajo “en misión” el 20 de enero de 2005 cuando se dirigía, en compañía de una reportera gráfica de la misma agencia, desde Sevilla a Córdoba a cubrir un acto de los Príncipes de Asturias, en automóvil facilitado por la empresa KORPA.

El TSJA ratifica en todos sus términos la sentencia del juzgado de los Social número cuatro de Sevilla que declaró como accidente laboral la muerte de Ana Belén García. El alto tribunal andaluz considera igualmente demostrada la relación laboral de la fallecida con KORPA con al menos diecisiete elementos configuradores de una relación propia de un contrato de trabajo. Por ello ratifica la condena de la empresa a abonar a los padres de Ana Belén García de una indemnización de 89.673 €.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que han ejercido las acciones judiciales a través de su abogado Carlos Crisóstomo, muestran su más absoluta satisfacción por esta nueva sentencia que consideran un respaldo judicial a las numerosas denuncias que sobre la situación de los periodistas, y en especial los que se ocupan de los temas del “corazón”, vienen realizando.

El éxito que para la profesión periodística supone esta nueva sentencia favorable debería ser un serio toque de atención para las empresas de comunicación que siguen basando en las precarias condiciones laborales, salariales y profesionales de sus trabajadores, gran parte de sus beneficios económicos.

Asimismo el SPA destaca que este caso demuestra, una vez más, la necesidad de regular legalmente la profesión periodística mediante un Estatuto del Periodista Profesional -que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados- y una ley de Derechos Laborales que lo complemente.